Lunes, Abril 24, 2017

El Poder Judicial del Estado de Coahuila, en ejercicio de la función jurisdiccional que tiene encomendada, le corresponde atender las materias:

Familiar, Civil, Penal y de Adolescentes.

ANTECEDENTES

Uno de los principios rectores de la función jurisdiccional es impartir justicia de manera pronta, expedita e imparcial, para lo cual Jueces y Magistrados podrán allegarse de elementos que coadyuven a su adecuada actuación durante el desarrollo de procedimientos y la emisión de su sentencia o resolución definitiva.

Uno de los elementos de apoyo de los Órganos Jurisdiccionales lo constituyen indiscutiblemente los dictámenes emitidos por profesionistas expertos en el estudio de la conducta humana y el comportamiento social, que provean de recomendaciones respecto de las medidas a observarse en la toma de decisiones del Juzgador.

Para estar en posibilidad de brindar apoyo y orientación a los Órganos Jurisdiccionales se creó el: Centro de Evaluación Psicosocial del Poder Judicial.

JUSTIFICACIÓN

Los cambios que actualmente operan en la esfera del comportamiento de la sociedad, dentro del seno familiar y, particularmente en los adolescentes y niños, impele a que las autoridades judiciales procuren herramientas mediante las cuales puedan de manera profesional, coadyuvar a entender dichos cambios de comportamiento, para que se dicte una sentencia justa y equitativa.

El incremento de casos que se atienden en los Juzgados donde se requiere de evaluaciones o dictámenes psicosociales, obliga a las partes en conflicto a contratar un perito en la materia, lo cual condiciona el peritaje hacia la parte que lo contrata, imprimiéndole subjetividad al reporte.

Algunas instancias públicas por la propia carga de trabajo, limitan su actuación respecto a las evaluaciones solicitadas por el Poder Judicial.

En este momento se presenta una falta de homogeneidad de criterios, en virtud de la diversidad de instancias que participan en dicha función evaluativa.

Por otro lado, las recientes reformas al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevén el establecimiento de autoridades, instituciones y tribunales especializados para conocer de las conductas tipificadas como delitos cometidos por personas de entre doce años cumplidos y menos de 18 años de edad.

Para lo cual habrán de establecerse órganos jurisdiccionales especializados en ese rubro.

Asimismo, las reformas a las leyes de menores y los convenios y tratados internacionales ratificados por México establecen los mecanismos para que los Jueces determinen el tratamiento que debe seguir el adolescente para reintegrarse a la sociedad y a su contexto familiar.