Jueves, Mayo 25, 2017

ACERCA DEL IEDPC

¿QUÉ ES EL IEDPC?

El Instituto Estatal de Defensoría Pública de Coahuila de Zaragoza es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con autonomía técnica, operativa y de gestión en el desempeño de sus funciones. Su objeto es garantizar el acceso de los particulares a la justicia en condiciones de igualdad como derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.

ANTECEDENTES

El Instituto Estatal de Defensoría Pública de Coahuila de Zaragoza, anteriormente llamada Defensoría de Oficio y Defensoría Jurídica Integral se remonta en México, a la época Colonial, con los Defensores de Oficio y los Protectores de indios así como con los abogados y procuradores de los pobres establecidos en las Leyes de las Indias promulgadas en Cádiz España.

En la Constitución de 1857 se encuentra el antecedente más remoto del Instituto, en dicho ordenamiento se estableció como garantía del detenido poder nombrar un defensor cuando se seguía un proceso penal en su contra, y en caso de que el reo no asignara defensor, el Juez le designará uno de oficio; de tal forma en esa época en el estado de San Luis Potosí nace la primera legislación de Defensa Social, conocida con el nombre de “Ley de la Procuraduría de los Pobres” promulgada por el C. Lic. Don Ponciano Arriaga, en el año de 1847.

En Coahuila, en el año de 1964, se crea la defensa de oficio en asuntos del ramo civil y penal a cargo de un jefe de defensores y como un órgano dependiente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con la finalidad de patrocinar ante los tribunales del ramo a aquellos inculpados que no contaran con defensor particular, y en asuntos del orden civil, para que las personas en situación de pobreza tuvieran acceso a la administración de Justicia debidamente representados.

En 1980, la Defensoría extiende sus funciones al ramo familiar, trasladando la estructura al Poder Ejecutivo, asignándole auxiliares y Trabajadores Sociales.

En 1994, se adscriben al área familiar servicios de orientación psicológica, para la atención de asuntos de esa índole.

El 26 de Mayo de 1994 entra en vigor la “Ley para la Atención, Tratamiento y Adaptación de Menores en el Estado”, adoptando con ello los compromisos del Gobierno de México en foros internacionales, como las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Nueva Justicia de Menores (Regla de Beijín); las directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Raid), la Convención de los Derechos del Niño y la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia Federal. Con esto último se derogan las disposiciones que en cierta forma se oponían a la implementación del ordenamiento Garantista, lográndose así mismo la desincorporación del Consejo de Menores del Poder Judicial, además de dotársele de una segunda instancia.

El 6 de octubre de 1995, el Gobernador del Estado, expide acuerdo en el que modifica y fusiona la estructura de la Unidad de Defensa de Menores y la Defensoría de Oficio, creando la Defensoría Jurídica Integral, con la finalidad de ofrecer a la comunidad asistencia social, psicológica y jurídica en materia civil, penal, familiar, de menores infractores y de menores en situación extraordinaria.

El 23 de enero de 1998, se publica la Ley de Asistencia Social y las funciones relativas a menores en situación extraordinaria, son atribuidas a la Procuraduría de la Familia.

En el año 2003 logró la Certificación de sus procesos bajo la norma internacional ISO 9001:2000, y en marzo de 2007, obtuvo la recomendación por el organismo certificador TUV América de México, para su Recertificación.

Dentro del PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 1999-2005 en el rubro de administración de justicia se contempla el apoyo a la Defensoría Pública en sus diferentes ámbitos de competencia, considerado como uno de los principales proyectos rectores de la administración del Señor Gobernador Enrique Martínez y Martínez.

Dentro del PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2005-2011 en el rubro de administración de justicia se contempla el apoyo a la Defensoría Pública en sus diferentes ámbitos de competencia, considerado como uno de los principales proyectos rectores de la administración del Señor Gobernador Prof. Humberto Moreira Valdés.

El 12 de Septiembre de 2006 se abrogó la “Ley para la Atención Tratamiento y Adopción de Menores en el Estado”, por la “Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Coahuila de Zaragoza”.

En base al mandato constitucional que impone a todas las entidades federativas el deber de establecer, en el ámbito de su respectivas competencias, un nuevo sistema de justicia integral para los adolescentes a los que se les atribuye una conducta tipificada como delito; se formula esta iniciativa de Ley bajo el nombre de “Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Coahuila de Zaragoza”, que sustituye a la “Ley para la Atención, Tratamiento y Adaptación de Menores en el Estado de Coahuila”. La ley que se propone, se apoya en un nuevo modelo, diferente a la tradicional concepción tutelar, denominado modelo garantista o de responsabilidad. Este nuevo modelo de justicia atribuirá a los jóvenes que realicen conductas tipificadas como delitos una responsabilidad en relación a sus actos, pero a la vez, les reconocerá las garantías de juzgamiento de los adultos, así como otros derechos considerados especiales por su condición de adolescentes.

El 11 de diciembre de 2007 se publicó el decreto 379 del Poder Ejecutivo del Estado en el Periódico Oficial con la “Ley de la Defensoría Jurídica Integral para el Estado de Coahuila”.

Con motivo de la reforma constitucional de 2008, se estableció a los estados de la República un tiempo límite de ocho años para que implementaran el Nuevo Sistema de Justicia Penal contenido en la mencionada reforma, por lo cual, el Congreso del Estado aprobó en el año 2012 el Código de Procedimientos Penales, y el 01 de Junio de 2013 comenzó a funcionar el nuevo sistema en el Distrito Judicial de Monclova.

Dicha reforma impacta no solamente en el desarrollo y el proceso de los juicios penales, sino también en procesos de operación y administración de todos y cada uno de los operadores.

Con apego a dicha reforma, el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, aprobó el Código de Procedimientos Penales, en el cual fija como fecha de inicio del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) el 1 de junio del 2013, con ello se aprueba la Ley de Implementación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que tiene por objeto establecer las políticas y llevar la coordinación general para la planeación, creación de los nuevos instrumentos legales en materia de justicia penal, la capacitación, el estudio de infraestructura, de reorganización institucional y orgánica, de difusión y evaluación en la implementación del nuevo sistema de justicia penal conforme a la reforma constitucional.

Con los antecedentes enunciados el 19 de Octubre del 2012, también se reforma la Ley de la Defensoría Jurídica Integral y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, esto como un primer paso, en donde se señala que la Defensoría Jurídica Integral se incorpora al Poder Judicial del Estado, como un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura, esto con el firme propósito de alcanzar mejores y mayores niveles en el ejercicio de las funciones atribuidas a la Defensoría.

Posteriormente, considerando los lineamientos emitidos por SETEC (Secretaría Técnica para la implementación del sistema Acusatorio y oral de la Secretaría de Gobernación) para la elaboración de ley de las defensorías públicas de todo el país, en el cual se contempla las instituciones jurídicas (como peritos, investigadores, personal de apoyo técnico, trabajador social, etc.) y la reorganización institucional para que las defensorías estén acorde al sistema acusatorio y oral, el 22 de Marzo del 2013 se publica en el periódico oficial del Estado la nueva ley que da origen al Instituto Estatal de Defensoría Pública de Coahuila de Zaragoza.

El 22 de marzo de 2013 se publica el decreto número 192 en el Periódico Oficial con la “Ley del Instituto Estatal de Defensoría Pública de Coahuila de Zaragoza”, de orden público e interés social, además de convertirse en un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del

Estado, con autonomía técnica, operativa y de gestión en el desempeño de sus funciones; la anterior entra en vigor el día siguiente de su publicación.

Así las cosas, se da el primer paso para la implementación del sistema y el 01 de Junio del 2013 con gran éxito inicio el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y oral en el Distrito Judicial de Monclova, como segunda etapa de la implementación para noviembre del año 2014 se previó el Distrito Judicial de Saltillo y Parras de la Fuente.

En el año 2015, atendiendo a la revisión de la NORMA ISO 9001:2015, la cual reemplaza a la 2008 y al no contar con un seguimiento de certificación por organismo externo, se lleva a cabo una reestructuración creando así un Sistema de Calidad propio del Instituto que consiste en verificaciones de los procesos internos por parte del personal capacitado en ISO, incluye las Supervisiones Operativas.

El Instituto Estatal de Defensoría Pública de Coahuila de Zaragoza cuenta a la fecha con ocho Delegaciones (Saltillo, Torreón, Monclova, Parras, San Pedro, Sabinas, Piedras Negras y Acuña); ubicadas en los Distritos Judiciales, cuenta con Asesores Jurídicos en UDA y UCF, Defensores Públicos en UDP y demás personal que le autorice el presupuesto de egresos.